Que alguien explique

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el Domingo 19 de Agosto 2018

La decisión del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León de voltear, es decir, de revertir los resultados de las elecciones por la alcaldía de Monterrey y por la alcaldía de Guadalupe quitándole al PAN ambos triunfos validados por las comisiones municipales electorales para darle los triunfos a los candidatos del PRI, deja ahora más dudas que las que en su momento arrojaron los comicios... y eso es sumamente grave. 

Veamos el entorno: la versión de que se revertirían los fallos de ambos comicios municipales del 1 de julio se propagó con mayor fuerza a partir de que esa misma autoridad electoral le quitó dos diputaciones locales al bloque que encabeza Morena para dárselas al PRI, resolución que propició asegunes por la facilidad con la que se emite un revés electoral.

Ahora veamos el aspecto legal: en principio, el PRI impugnó los triunfos que las comisiones municipales otorgaron al PAN en ambas alcaldías y pidió la nulidad de las dos elecciones o la anulación de las casillas, con el alegato de que hubo un cochinero. Este viernes, al atender esa exigencia y a 47 días de los comicios, el pleno del Tribunal leyó los dictámenes preparados con antelación en los que los magistrados ratificaron los fallos en favor del PAN, pero de última hora, en un acto sin precedente, rechazó los proyectos iniciales, revirtió las decisiones y le dio los triunfos al PRI. 

Ese acto, de votar sentencias opuestas, generó enormes suspicacias porque no se dieron argumentos suficientes. Lo único que se dijo es que en ambas elecciones (vaya, como si fueran iguales) se anuló la votación del 9 por ciento de las casillas por diversas irregularidades, entre ellas que se había perdido la cadena de custodia de paquetes electorales y que hubo fallas en la integración de las mesas directivas.

¿Nosotros por quién abogamos? Ni por el PRI, ni por el PAN. Como ciudadanos, lo que esperamos es la certeza de todo proceso electoral, es decir, la legalidad y la transparencia. Lo que queremos es que se respete el sentido del voto ciudadano, cualquiera que éste sea, y que no quede absolutamente ninguna duda. Es decir, que por encima de todo impere la legalidad. La decisión de ayer del Tribunal no estuvo acompañada de argumentos contundentes. No está clara, por lo menos no hasta ahora. 

Lo malo es que esta voltereta, si no es justificada en términos jurídicos convincentes, nos deja en la incertidumbre y empiezan las suspicacias de un manoseo electoral. Y si en los comicios hubo anomalías, más grave es que en la resolución ese Tribunal, que está para sancionarlas, también cometa anomalías. ¿Por qué? Porque queda en el limbo el sentido del sufragio, y los votantes no se lo merecen.  

Si las irregularidades en ambas elecciones fueron tan graves, que se expliquen a detalle, con peras y manzanas. Si la decisión del Tribunal es legal, que igualmente ese órgano la fundamente en términos jurídicos. Si no, la mancha de la duda perseguirá eternamente a los integrantes del Tribunal y se habrá sentado un pésimo precedente contra el voto de los ciudadanos.

Olivia Martínez Valenzuela


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