Buscarán reconocer ayuda a niños invisibles

Con la finalidad de que los menores de edad, cuyos padres están en el penal o fueron desaparecidos, reciban escolaridad, servicios de salud y se les garantice una vida digna, los diputados de la fracción sin partido presentaron reformas a la Ley de Asistencia Social de Nuevo León.La coordinadora, Karina Barrón Perales, detalló que actualmente los menores que son hijos de reclusas en el Penal del Topo Chico o que sus padres fueron desaparecidos por la delincuencia, son invisibles ante la ley y ninguna autoridad hace algo para apoyar en su educación, que obtengan la atención médica que requieren o que tengan un futuro distinto al de sus padres.La legisladora expuso que son tan “invisibles” para la autoridad y para la ley, que ni siquiera saben cuántos niños están en esta condición en el Estado.“Son menores que han estado ausentes de la atención de la sociedad, de las instituciones oficiales y beneficios de las políticas públicas en la materia”, expuso la legisladora.En conferencia de prensa posterior a la presentación de la iniciativa, Barrón Perales, destacó que con los cambios a los artículos 4 y 10 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León, se incluirá protección a este tipo de niños, actualmente relegados.Las reformas, dijo, “son para incluir la protección y que tengan los beneficios de asistencia social en el área de salud, que tengan educación, capacitación para un trabajo digno, lo que son a los niños llamados invisibles que viven ya sea con su mamá o su padre en los penales y también a todos los desamparados de las personas desaparecidas”.En la exposición de motivos de la iniciativa que presentó este martes, Karina Barrón mencionó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que su personal realizó las visitas de supervisión, observó la presencia de menores de edad en 51 centros de reclusión, sin embargo, la estancia de estos menores únicamente se permite cuando nacen, hasta una edad determinada que, dependiendo de cada establecimiento, oscila entre los seis meses y los seis años de edad.“Aunque se tuvo conocimiento de que en los establecimientos de Acapulco de Juárez y Chilpancingo de los Bravo, ambos en Guerrero, los menores de edad pueden permanecer hasta los 8 y 12 años de edad, respectivamente”, comentó.“Asimismo, se refiere a que la mayoría de los establecimientos visitados carece de atención médica especializada para los padecimientos propios de las mujeres, así como de los menores que viven con ellas, quienes en el mejor de los casos son atendidos por médicos generales cuando lo requieren. Ello permite concluir la necesidad de incorporar como sujetos de la ley a las niñas y niños que nacen y permanecen en cualquier centro de prevención y readaptación social y/o sean hijas o hijos de madres reclusas”, concluyó.

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