Preocupa a ONGs ley de seguridad interior

Representantes de diversas organizaciones civiles, señalaron la preocupación de la ciudadanía ante la grave situación de seguridad que enfrenta el país, así como la laguna legal del actuar del Ejército.Ante este panorama urgieron a que se adopten medidas apegadas a la Constitución que garanticen la seguridad ciudadana de todas y todos los mexicanos, ya que diariamente atendemos graves violaciones a derechos humanos como consecuencia directa de esta inseguridad.Sin embargo, tenemos la convicción que la Ley de Seguridad Interior no es la respuesta para esta problemática. Las tareas de seguridad deben estar a cargo de las policías municipales y estatales, pues su preparación fue diseñada para atender y cuidar a las necesidades de la ciudadanía.Si bien, en ocasiones su actuar no ha resultado óptimo, es necesario continuar fortaleciéndoles para que, con los más altos estándares en derechos humanos, puedan realizar correctamente su labor, destaca un comunicado enviado por Cadhac.Asegurar la permanencia del Ejército en las calles, amenaza el progreso que se ha venido realizando en materia de seguridad ciudadana y en protección de derechos humanos, ya que con esta Ley de Seguridad Interior se entregaría el control de nuestra seguridad como ciudadanos/as a una Institución cuya función y preparación está enfocada a la defensa de amenazas externas al país. Por su parte, la Constitución de México en su artículo 129, establece que las Fuerzas Armadas no podrán ser desplegadas en el interior de la República en un periodo de paz, señala el documento.Asimismo dice que por otro lado, tras una década de la salida de los militares a las calles, desde las organizaciones firmantes hemos podido observar las graves consecuencias que se tiene en materia de derechos humanos; en donde generalmente son las personas migrantes las primeras criminalizarlas por el Ejército y las Fuerzas Armadas. La participación del Ejército en las calles ocasionó un aumento y recrudecimiento de la violencia. Pues no olvidemos la ejecución extrajudicial por Ejército y Marina de Gustavo Acosta, la pareja Rocío y Juan Carlos, los estudiantes Jorge y Javier, y el médico Jorge Otilio Cantú quienes fueron acusados falsamente de ser criminales y cuyos perpetradores continúan sin recibir castigo.No olvidemos a José Márquez Compeán que fue desaparecido y ejecutado por la Marina, a René Jasso y Víctor Llano quienes fueron víctimas de desaparición forzada por parte de la Marina. Todos ellos son algunas de las múltiples víctimas de la militarización en Nuevo León y en otros estados del país, emprendida en 2006 y que busca formalizarse hoy en día.

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