Darán primera impugnación contra Ley de Seguridad Interior

Darán primera impugnación contra Ley de Seguridad Interior

El 12/01/2018 06:15 p.m. en Nacional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la primer impugnación a la Ley de Seguridad Interior

EFE - Fue aceptada la primer impugnación contra la Ley de Seguridad Interior por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió hoy a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el municipio de San Pedro Cholula, en el central estado de Puebla, contra la polémica Ley de Seguridad Interior, por considerar que viola su autonomía.

La ley, aprobada el pasado diciembre en el Congreso, legaliza el papel de los militares en materia de seguridad ante la debilidad de las policías estatales y locales y perpetúa su presencia en las calles en un país con 150.000 muertes y más de 30.000 desaparecidos en una década.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo aceptó la controversia interpuesta por San Pedro Cholula el pasado 21 de diciembre y deberá estudiar si la norma cumple con la Constitución mexicana.

En su recurso, el municipio sostiene que la Ley Fundamental de México otorga a los municipios las facultades para decidir sobre seguridad pública y advierte que mediante la nueva norma el presidente puede ordenar intervenir en municipios sin la mediación del Ayuntamiento.

En caso de que el ministro instructor encuentre motivos de inconstitucionalidad, emplazará a las autoridades federales para que presenten su contestación.

Una vez concluida la audiencia, Pardo Rebolledo elaborará un proyecto de resolución que someterá a la consideración del pleno del Alto Tribunal.

No existe un plazo estimado para la resolución de este asunto y, en caso de ser considerada inconstitucional, la norma solo dejaría de aplicarse en el territorio del municipio demandante.

Amnistía Internacional, la ONU-DH y los alcaldes de México instaron al presidente Enrique Peña Nieto, a vetar la polémica Ley que, sin embargo, acabó promulgando.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseveró que respeta la decisión del mandatario, pero denunció que el ordenamiento vulnera libertades y derechos básicos de los mexicanos.

"Corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos", defendió Peña Nieto. 


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